Organismos de derechos humanos condenan el uso desproporcionado de la fuerza tras la muerte del rapero “Trvko” durante las protestas en Lima
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La noticia de la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido en la escena del rap como “Trvko”, impactó con fuerza en el país. Su fallecimiento, ocurrido la madrugada del 16 de octubre tras las protestas en el Cercado de Lima, reavivó el debate sobre el uso de la fuerza pública durante las movilizaciones sociales. El informe del médico legista, al que accedió RPP, confirmó que el joven de 32 años perdió la vida por un impacto de bala en el tórax. Su cuerpo fue trasladado al Hospital Nacional Arzobispo Loayza y posteriormente a la Morgue Central, mientras el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia coordinan las diligencias para esclarecer los hechos.
El suceso se convirtió rápidamente en un símbolo de preocupación para organizaciones de derechos humanos, colectivos ciudadanos y representantes políticos. En redes sociales, las reacciones surgieron de inmediato, exigiendo justicia y transparencia. La imagen del artista urbano, reconocido por su compromiso con las causas sociales, se volvió un punto de encuentro entre la indignación y la exigencia de respuestas institucionales.
Mientras el Ministerio Público anunciaba el inicio de las investigaciones, diversos organismos nacionales e internacionales manifestaban su alarma ante lo ocurrido. En un contexto marcado por tensiones políticas y una creciente desconfianza hacia las instituciones, el caso de Ruiz Sanz abrió nuevamente la discusión sobre los límites y responsabilidades en el control de las manifestaciones públicas.
Amnistía Internacional condena el uso desproporcionado de la fuerzaAmnistía Internacional Perú en un comunicado difundido la mañana del 16 de octubre, expresó su pesar por la muerte del joven e instó al Estado peruano a garantizar una investigación imparcial. “Lamentamos profundamente la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz (32) a causa del impacto de un disparo de arma de fuego, de acuerdo al Ministerio Público, en el contexto de las movilizaciones sociales desarrolladas ayer en Lima”, indicó la organización.
El pronunciamiento también señaló la preocupación por los múltiples heridos registrados durante las protestas. “Lamentamos también que decenas de personas, entre ellas manifestantes, transeúntes y policías, hayan resultado heridas en el contexto de la represión estatal de las movilizaciones, y rechazamos categóricamente el uso desproporcionado de la fuerza pública y cualquier acto de violencia”, agregó Amnistía.
Además, el organismo enfatizó su rechazo a las agresiones contra la prensa. Según el reporte de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), once comunicadores sufrieron ataques durante la cobertura de las protestas, seis de ellos heridos por perdigones. Para Amnistía, estos hechos “podrían constituir un preocupante patrón de uso ilegítimo de la fuerza estatal hacia la prensa, quienes cumplen un importante rol en la cobertura de movilizaciones”.
La organización aseguró que verificó el uso de perdigones, gases lacrimógenos y golpes injustificados por parte de agentes policiales. También advirtió que estos actos “violan estándares internacionales de derechos humanos” y solicitó al Estado peruano revisar sus protocolos de actuación frente a protestas sociales. “Una protesta no pierde su carácter pacífico por hechos aislados o comportamientos violentos de personas individuales”, recordó el comunicado, subrayando la obligación estatal de proteger a quienes se manifiestan de manera pacífica.
Pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos HumanosLa Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) también emitió un comunicado público en el que calificó el asesinato de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz como una grave violación de derechos humanos. “El asesinato de Mauricio Ruiz Sanz durante una protesta pacífica exige justicia y sanción para los responsables. Denunciamos la actuación ilegal de ‘ternas’ y la violencia estatal contra la ciudadanía que se moviliza legítimamente. La permanencia de José Jerí y de este Congreso resulta insostenible. ¡Basta de impunidad!”, señaló el pronunciamiento.
La CNDDHH expresó su “más profunda indignación” y solidaridad con la familia del joven artista, a quien describió como “padre de un niño de 9 años”. En su comunicado, exigió “una investigación urgente y exhaustiva que concluya en la sanción de los responsables materiales y políticos”, destacando que “nadie debe morir por ejercer su derecho a la protesta en nuestro país”. Según el reporte de la organización, las protestas del 15 de octubre dejaron además veinte personas heridas y diecisiete detenidas.
El documento resaltó que la movilización nacional tuvo una participación amplia y diversa, orientada a rechazar al presidente del Congreso, José Jerí, y a lo que denominaron “una coalición mafiosa”. Según la CNDDHH, la respuesta del Estado fue “una vez más, la estigmatización y la represión indiscriminada”. En esa línea, demandó “una transición democrática real, que garantice el respeto a los derechos fundamentales, la justicia y la rendición de cuentas de quienes hoy usan el poder para perpetuar la violencia y la impunidad”.
La Coordinadora denunció además la intervención de agentes encubiertos conocidos como “ternas”, cuya función —según recordó— fue creada para combatir el crimen organizado y no para infiltrarse en manifestaciones civiles. “Su actuación en contextos de protesta y en servicios de salud es ilegal e inaceptable”, afirmó la entidad. Finalmente, señaló que la continuidad de José Jerí y de la Mesa Directiva del Congreso “resulta insostenible” y exigió su renuncia para abrir paso a “una verdadera transición democrática que devuelva al país un horizonte de justicia, respeto a los derechos humanos y reconstrucción institucional”.
Reacciones políticas y acciones fiscalesDesde el ámbito político, el congresista Edgar Tello Montes expresó su solidaridad con la familia del artista urbano. “Expreso mi solidaridad por la irreparable pérdida de Eduardo Ruiz Sanz, joven artista urbano cuya voz representaba a una generación. Exigimos una investigación profunda y sanción a los responsables. Ninguna vida debe apagarse por exigir justicia”, escribió en sus redes sociales.
Por su parte, la Fiscalía de la Nación informó que la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo asumió las diligencias del caso. “La Fiscalía realiza diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Ruiz (32), quien recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el Cercado de Lima, durante las protestas sociales realizadas el 15 de octubre”, precisó en un comunicado.
Entre las acciones en curso, el Ministerio Público dispuso “el levantamiento del cadáver en el Hospital Arzobispo Loayza, la recolección de evidencias audiovisuales y balísticas en el área donde ocurrió el hecho, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos”.