Quién mueve los bloqueos en la Panamericana y Buenaventura: el pulso entre comunidades, Gobierno y grupos armados
Las recientes protestas en las vías del suroccidente colombiano —especialmente en la carretera que une Buga con Buenaventura y en la vía Panamericana, a la altura de Rosas (Cauca)— han parali...
Las recientes protestas en las vías del suroccidente colombiano —especialmente en la carretera que une Buga con Buenaventura y en la vía Panamericana, a la altura de Rosas (Cauca)— han paralizado el transporte, afectado el comercio y reavivado el debate sobre la frontera difusa entre las movilizaciones sociales legítimas y la manipulación de comunidades por parte de actores armados ilegales.
Según la Gobernación del Valle del Cauca, los bloqueos de la última semana dejaron pérdidas superiores a los 30.000 millones de pesos, con más de 8.000 vehículos detenidos, lo que golpea de forma directa al puerto más importante del país.
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En Buenaventura, donde apenas el 14% de los habitantes tiene acceso a agua potable continua y la tasa de desnutrición infantil alcanza los 9 por cada 100.000 niños menores de cinco años, la protesta es también un grito por la supervivencia.
Las comunidades afrodescendientes, que reclaman la restitución de más de 65.000 hectáreas de territorio ancestral, denuncian el abandono estatal y exigen inversión social, acceso a educación y cumplimiento de fallos judiciales, según el medio El Tiempo.
“Nos encontramos en La Delfina en la lucha por la vida, la soberanía nacional y la dignidad de los pueblos”, señalaron voceros afro. Representantes indígenas añadieron: “Nos movilizamos por la deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos originarios y campesinos”.
En los bloqueos participan líderes comunitarios que reclaman el pago de una indemnización de 200.000 millones de pesos por daños ambientales ocasionados por una hidroeléctrica hace más de dos décadas.
Según el líder Wálter Córdoba, “la Defensoría del Pueblo no ha materializado los pagos ordenados por el Consejo de Estado en 2021”. Las autoridades, sin embargo, advierten que las movilizaciones no son homogéneas.
La gobernadora Dilian Francisca Toro afirmó que “las personas que están bloqueando no son de la comunidad afro del lugar. Vienen de otros departamentos y pertenecen a movimientos como el Congreso de los Pueblos, que bloquean varios departamentos al tiempo para exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de acuerdos”. Toro aseguró que los bloqueos no han sido pacíficos y que tres policías resultaron heridos con explosivos artesanales.
De Esa versión coincide con los reportes de inteligencia militar. Fuentes del Ejército y la Policía sostienen que detrás de varios bloqueos en el Valle y el Cauca operan estructuras armadas ilegales, entre ellas las disidencias ‘Jaime Martínez’, vinculadas a ‘Iván Mordisco’, y el Eln, que habrían instrumentalizado comunidades vulnerables para presionar concesiones estatales.
Según las mismas fuentes, mantener los bloqueos implica costos millonarios para alimentación y logística, lo que refuerza la hipótesis de una financiación externa. En zonas como la cuenca del río Dagua —un territorio del tamaño de 142.000 campos de fútbol—, la minería ilegal y el narcotráfico son las principales fuentes de recursos de estos grupos.
El brigadier general Hernando Africano, comandante de la Tercera División del Ejército, denunció presiones directas sobre comunidades del Cauca: “Estos bandidos han llegado a veredas a intimidar a la población con armas”. La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, confirmó que el Eln ha intentado influir en los manifestantes.
Aun así, reconoció que el trasfondo de las protestas está ligado al incumplimiento de acuerdos sociales y al abandono histórico.
En la Panamericana, solo en 2025, se han registrado más de 50 bloqueos, algunos motivados por los retrasos en la reubicación de las 264 familias afectadas por el deslizamiento de Rosas en enero de 2023. “Llevamos más de un año esperando una solución. Seguimos en albergues y con deudas”, denunció una de las damnificadas.
Los bloqueos entre marzo y julio también respondieron a causas diversas: desde reclamos por tierras y educación hasta exigencias ambientales.
Según la Cámara de Comercio de Buenaventura, en ese periodo se documentaron 10 bloqueos, la mayoría en sectores como La Delfina, La Víbora y Loboguerrero. La entidad insistió en que las demandas deben ser “atendidas con seriedad y diálogo transparente”, y recordó que detrás de ellas hay comunidades afro, campesinas e indígenas históricamente marginadas.
Pero los efectos económicos son devastadores. El director del Comité Intergremial del Valle, Juan Manuel Sanclemente, advirtió que “el mecanismo de los bloqueos desnaturalizó el derecho a la protesta. Se ha vuelto un destructor de valor, y esa destrucción la pagan los empleos”.
Mientras tanto, la deserción escolar en Buenaventura —aunque se redujo a 3,53 % en 2023— sigue afectada por la violencia y la falta de oportunidades. Las disidencias reclutan menores en zonas rurales como Bajo Calima, donde persisten enfrentamientos con el Eln.