Incentivar a los propietarios para aumentar las ofertas de alquiler: la medida del Gobierno vasco que se asemeja a las deducciones del PP
La crisis de vivienda que azota a España y al resto de países europeos no parece reducir sus consecuencias negativas. La mermada oferta de pisos es incapaz de satisfacer la creciente demanda de l...
La crisis de vivienda que azota a España y al resto de países europeos no parece reducir sus consecuencias negativas. La mermada oferta de pisos es incapaz de satisfacer la creciente demanda de las familias españolas, tanto para el alquiler como para la compra. Esta situación produce que los precios se eleven, tensionando los mercados de las principales ciudades y sus periferias y haciendo que el acceso a la vivienda se decida por una mezcla de factores, como los elevados requisitos y la competencia feroz entre inquilinos o compradores.
La solución a este problema -uno de los que más preocupa a los españoles- no parece tener una fácil respuesta. A la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre el Gobierno central y las autonomías para crear una nueva ley de vivienda se le suma las distintas propuestas de las Comunidades Autónomas, provocando que cada territorio busque aliviar la tensión de su mercado inmobiliario en base a sus propios criterios. Este es el caso del Gobierno vasco, que propone como medida para reducir los precios de los alquileres dar facilidades e incentivos a los propietarios de pisos para que pongan sus propiedades en alquiler.
El consejero de Vivienda autonómico, Denis Itxaso, ha anunciado este sábado que el Gobierno vasco va a crear un nuevo programa por el que ofrecerá “un seguro gratuito de impago y desperfecto” a los propietarios que alquilen viviendas a precios situados dentro de los tramos fijados en los índices de referencia para zonas tensionadas. Se trata de un “programa público de alquiler seguro” para incentivar a los dueños y que “no tengan ningún inconveniente ni incertidumbre sobre el futuro de su vivienda”.
Según el consejero, la medida pretende “introducir nuevos elementos de certidumbre” y “seguridad” a los dueños de pisos que tengan dudas sobre si sacar o no al mercado de alquiler sus propiedades. El Gobierno autonómico espera así “aumentar la oferta de vivienda en el mercado libre y moderar los precios en las zonas tensionadas”. El precio medio del metro cuadrado en el País Vasco para septiembre de 2025 se encuentra en 14,9 euros, lo que implicaría para un piso de 80 metros cuadrado un desembolso de 1.192 euros mensuales de media, según los datos de Idealista.
De manera ampliada, la provincia con menores precios para el alquiler es Álava, seguida de Vizcaya y, por último, Guipúzcoa, pero registrando las tres máximos históricos, por encima de los precios marcados antes del “boom” del ladrillo en 2008. La primera de ellas tiene un precio medio del alquiler de 12,2 euros el metro cuadrado, lo que implicaría pagar al mes 976 euros de media. Para la segunda, con un precio medio de 14,5 el metro cuadrado, la renta de una vivienda de las mismas dimensiones ascendería hasta los 1.116 euros mensuales. Por último, el precio medio de 16,9 euros el metro cuadrado que registra Guipúzcoa sitúa el pago mensual por una residencia de 80 metros cuadrados en 1.352 euros.
La propuesta del PNV ya fue aplicada por gobiernos del PPLa idea de incentivar a los propietarios para que saquen sus propiedades al mercado del alquiler representa un cambio de paradigma frente a la mirada sancionadora de algunos sectores del Gobierno central. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, se declaró contrario a esta “óptica de bonificación” en una nueva ley de vivienda y defendió, a finales de mayo, aumentar la presión para que se aplique la ley de vivienda y que los grandes tenedores y las grandes empresas que concentran un porcentaje cada vez mayor del parque inmobiliario en alquiler en España “se vean forzados a ponerlas en alquiler asequible”.
Esta medida de bonificaciones a los propietarios ya se encuentra recogida en la ley de vivienda que entró en vigor en mayo de 2023. En concreto, se establecen bonificaciones a los pequeños propietarios que tengan menos de cinco inmuebles, como la deducción del 90% en el IRPF de los rendimientos obtenidos por el alquiler -si esta se encuentra en un mercado tensionado y los nuevos contratos incluyan una rebaja del 5% respecto al anterior-. Para que los caseros puedan acogerse a estas ventajas fiscales, las comunidades autónomas deben declarar las zonas de mercado tensionado.
Los incentivos propuestos por el PNV en el País Vasco ya fueron anunciados por el Partido Popular en Madrid. En concreto, la comunidad cuenta con una deducción de 1.000 euros para los propietarios de viviendas vacías que las destinen al arrendamiento de vivienda habitual, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, siempre que hayan permanecido vacías durante al menos un año. Además, el Gobierno de la capital aplica una deducción del 10% -con un límite de 154,65 euros- de los gastos derivados de poner un inmueble en arriendo, como la conservación y reparación.
Por su parte, en Baleares la deducción llega hasta un 50%, con un máximo de 1.500 euros, para los gastos derivados del alquiler. Para acceder a este beneficio es necesario que los contratos de arrendamiento cuenten con una duración igual o superior a un año y que el importe de renta no sea superior a 15 euros mensuales por metro cuadrado. En Cantabria, la deducción es de 500 euros para los propietarios de viviendas vacías que las pongan en alquiler, con un contrato de al menos tres años y un precio de renta inferior a los 1.000 euros mensuales.
Galicia y Valencia también cuentan con incentivos a los propietariosEl Gobierno gallego también establece facilidades fiscales que incentivan a los propietarios a alquilar sus viviendas. En concreto, una deducción del 15%, con una base máxima de 9.000 euros, de las cantidades de las obras de reparación y conservación. Es necesario que el inmueble cumpla con la Ley de Arrendamientos Urbanos, haber permanecido vacío al menos un año antes de la sobras y que su valor no supere los 250.000 euros.
Además, Galicia aplica otra deducción de 500 euros para los propietarios de viviendas vacías que la pongan en arrendamiento, según establece la Ley de Arrendamientos Urbanos, con la condición de que el alquiler no supere los 700 euros mensuales. Por último, la Comunidad Valenciana también establece una deducción del 5% de las rentas derivadas de arrendamientos de viviendas, cuya renta no supere el precio de referencia de los alquileres privativos de la Comunidad. La base máxima de deducción se establece en 3.300 euros.